Juridicaaldia.com / Panorama Judicial

Al decidir una demanda presentada en contra del Instituto de Transito y Transporte del Tolima IDTT, se pronunció el Consejo de Estado respecto a la expedición y autorización de traspaso de vehículos que han sido hurtados previamente. En el caso estudiado un particular había comprado un automóvil, obteniendo la licencia de tránsito de este Instituto, sin embargo meses después el grupo de automotores de la Sijin en la ciudad de Ibagué lo decomisó por presentar signos de adulteración en las placas de identificación.

Ante esta situación el comprador presentó una demanda argumentando que al momento de expedirse la licencia del automotor, las autoridades de tránsito omitieron constatar si sobre el vehículo pesaba algún comiso, embargo o reporte de hurto, así mismo, que no se habían percatado si los sistemas de identificación del vehículo estaban adulterados y sí los documentos presentados para expedir lo licencia podían ser falsos, omisiones que configuraron una falla del servicio y por ende la responsabilidad estatal.

El Consejo de Estado al desatar la segunda instancia del proceso decidió negar las pretensiones de la demanda, pues no se demostró la falla en el servicio de la entidad demandada, quien se había ajustado a las disposiciones legales aplicables para la expedición y autorización de la licencia de tránsito.

La función del registro

En la providencia del Consejo de Estado se recordó que la exigencia de inscripción de los vehículos en un registro público tiene por objeto permitir el control que debe ejercer el Estado sobre una actividad de interés general, que representa un avance en el desarrollo social, pero que a su vez contiene una potencialidad destructiva que debe ser mantenida dentro de estrictos limites. Así mismo, la inscripción de un vehículo y de cualquier acto de disposición sobre el mismo en el registro automotor no es constitutiva de ningún derecho, es declarativa del mismo y por lo tanto, puede ser desvirtuada a través de medios probatorios.

Agregó que la certificación oficial de los datos que constan en el registro genera confianza pública, por lo cual la administración está en el deber de diseñar los medios para obtener información verídica, consignar tales datos de manera idónea y certificarlos de manera que resulten útiles para facilitar las relaciones jurídicas que se deriven de ellos. En consecuencia, el Estado será responsable de las fallas en que incurra al expedir certificaciones falsas o no idóneas que causen perjuicios a los particulares.

Sin embargo, en estos actos de registro y posterior certificación se da fe de una verdad suministrada por un particular y no se trata de un acto que la autoridad que expida la certificación haya debido presenciar, la responsabilidad por la veracidad del dato corresponde al particular que lo suministra y si bien es cierto que el Estado debe establecer una medidas de control para evitar que se alleguen datos falsos, también lo es que en aplicación del principio de la buena fe no debe confirmar todo cuanto el particular acredita ante éste.

Afirmó el Consejo de Estado que para el Estado el deber de certificación implica responsabilidades de orden patrimonial cuando se ha incurrido en fallas en la elaboración del registro o en la expedición del certificado, pero no cuando da cuenta de la verdad formal consignada por el particular y se han agotado las medidas de control que el caso concreto exige.

(Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 7 de julio de 2005. Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez)

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