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Por John Alexander Morales P.
Abogado Especialista en Derecho Administrativo
Especial para Jurídica al día

El decreto 3466 de 1982, conocido como el Estatuto del Consumidor, consagra que toda información que se dé al consumidor acerca de los componentes y propiedades de los bienes y servicios que se ofrezcan al público debe ser veraz y suficiente, por lo tanto se prohíben las marcas, las leyendas y la propaganda comercial que no corresponda a la realidad, así como las que induzcan o puedan inducir a error respecto de la naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma de empleo, las características, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad de los bienes o servicios ofrecidos.

Así mismo, el citado decreto 3466 de 1982 define la propaganda comercial, como todo anuncio que se haga al público para promover o inducir a la adquisición, utilización o disfrute de un bien o servicio, con o sin indicación de sus calidades, características o usos, a través de cualquier medio de divulgación, tales como radio, televisión, prensa, afiches, pancartas, volantes, vallas y, en general, todo sistema de publicidad.

Por estas razones, el proceso de comercialización de un producto en Colombia debe hacerse cumpliendo las disposiciones en materia de información al consumidor, la cual debe ser veraz y suficiente, sin importar la forma o el medio en que la misma sea suministrada. En tal sentido, no se debe inducir a error al consumidor sobre el origen del bien, sus componentes, el modo de fabricación, las características, la forma de empleo y el precio, entre otros.

Igualmente es necesario señalar que de conformidad con el decreto 3466 de 1982, “todo productor es responsable por las marcas y leyendas que exhiban sus productos (bienes o servicios), así como por la propaganda comercial de los mismos, cuando su contenido no corresponda a la realidad o induzca a error al consumidor” y, en el evento en que se verifique la ocurrencia de los supuestos establecidos por la norma anteriormente citada, se impondrán sanciones administrativas, previo el procedimiento correspondiente.

En relación con las indicaciones de procedencia la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina consagra que se entiende por tales un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.

A su vez, el artículo 222 de la Decisión 486 consagra que “una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación de un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.”

En este sentido, habría que entender, por ejemplo, que es engañosa la indicación de procedencia cuando se designe como tal un país, región, localidad o lugar determinado, cuando no corresponda al lugar de origen o procedencia del producto o servicio.

En cuanto a la información que se brinda a los consumidores y teniendo en cuenta el artículo 10 de la Constitución, esta debe ser veraz y suficiente. La información suministrada en un idioma diferente al idioma oficial colombiano no cumple con el requisito de suficiencia y eventualmente podría inducir a error, en la medida en que muchos consumidores no podrían comprenderla.

Puede concluirse que la información relacionada con el origen, el precio, las instrucciones de uso, los contenidos, los ingredientes, las precauciones de uso del producto y, en general, toda información que los productores, proveedores o expendedores suministren a los consumidores, a través de cualquier medio, en relación con sus productos, debe ceñirse a lo dispuesto por el decreto 3466 de 1982, so pena que se le impongan las sanciones pertinentes, previa investigación.

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